La crisis se profundiza. Tras la oficialización de la salida del vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Manuel Tessio, a instancias de la Casa Rosada, el presidente del organismo antilavado Ignacio Yacobucci renunció hoy a la Coordinación Nacional del Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que es el que pilotea la evaluación internacional que transita la Argentina ante el GAFI para evitar caer en “lista gris” de países que son permeables al lavado de dinero.
La renuncia de Yacobucci a la Coordinación, es –según fuentes oficiales– un gesto para exponer la falta de apoyo del Gobierno ante le evaluación del GAFI, pues frenaron la contratación de una consultora internacional K2 Integrity, que iba a asesorar en las presentaciones que restan ante el GAFI, de aquí a octubre, cuando se conocerá si la Argentina pasa la prueba.
La UIF es el organismo antilavado que recibe los reportes de operaciones sospechosas (ROS) por parte de bancos, inmobiliarias, casinos, aseguradoras, concesionarias de autos y otros sujetos obligados a avisar ante transacciones injustificadas con el perfil de sus clientes. Por otro lado, la coordinación del programa antilavado es la que trabaja junto a la Justicia, el Ministerio Público Fiscal, la AFIP y el Banco Central las políticas públicas para evitar el lavado de dinero.
Yacobucci se quedará como presidente de la UIF, sin vicepresidente por ahora, y el Gobierno ya tiene un candidato para ocupar la titularidad de la Coordinación: Eugenio Curia, un funcionario con experiencia internacional que ya ocupó este cargo. Antes encabezó esa función la abogada Jimena Zicavo, en la gestión de Martín Soria, en el gobierno anterior, que es prima de la actual jefa de gabinete del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, Florencia Zicavo.
Jimena Zicavo fue eyectada del cargo de Coordinadora del programa cinco días antes de que llegaran los evaluadores del GAFI, en marzo pasado. Se cubrieron baches, ayudó el Ministerio Público Fiscal y Eduardo Casal, el procurador, fue convocado de urgencia al igual que los responsables de los organismos sensibles para el control del lavado. La visita se superó con éxito.
La Argentina ya recibió un primer borrador de los evaluadores internacionales con sus observaciones, que fue devuelto con comentarios realizados sobre la normativa y los resultados de causas por corrupción y lavado. Este mes llegará un segundo borrador y los evaluadores ya anticiparon que están preocupados por la independencia funcional de la UIF, fuera del alcance de la política, más allá de que en el organigrama dependa del Ministerio de Justicia.
El proceso de evaluación de Argentina en el GAFI está en una etapa de alta sensibilidad, ya que una caída de la Argentina en la “lista gris” implica una pérdida de más de siete puntos del PBI, según informes del Banco Mundial. Un lujo que el plan económico del Gobierno no se puede permitir.
La decisión de Yacobucci de denunciar a la coordinación del programa antilavado se conoció luego de que el Gobierno oficializó la salida del vicepresidente de UIF, Manuel Tessio, que quedó en la mira de un sector de la cúpula de La Libertad Avanza luego de que el organismo encargado de luchar contra el lavado de dinero se presentara –y fuera aceptado– como querellante contra el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, en la causa en la que es investigado por enriquecimiento ilícito y lavado tras su viaje por Marbella con Sofía Clerici.
A través del decreto 563/2024 publicado en el Boletín Oficial, la Casa Rosada aceptó la renuncia a Tessio, un abogado especialista en compliance, transparencia, prevención del lavado de dinero y profesor de la Universidad Austral.
El pedido de renuncia sumergió en una crisis al organismo, más aún cuando la versión más fuerte, revelada por LA NACION, es que su renuncia fue solicitada por el asesor todoterreno del presidente Javier Milei, Santiago Caputo mediante sus funcionarios de confianza en el Ministerio de Justicia. Cerca de Caputo negaron haber realizado ese pedido, mientras que diversas fuentes con conocimiento del hecho lo confirmaban.
La salida de Tessio se da en medio de la mencionada evaluación del GAFI: una intervención como la que se le endilga a Caputo pone en duda la autonomía que, por ley, debe tener la UIF frente a los gobiernos de turno.
“Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo”, dice el decreto firmado por Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que da cuenta de la salida de Tessio de la UIF.
A través de un comunicado, el presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, agradeció “la extraordinaria labor y entrega” de Tessio, y destacó: “En estos meses de intenso trabajo ha colaborado a cimentar la dinámica que como nueva gestión queremos emprender para impulsar y fortalecer la prevención y persecución del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Su aporte en la consolidación del trabajo con el sector privado no pasará desapercibido. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos”.
Más allá de los elogios, Tessio se enteró de que le aceptaban la denuncia anoche, después de la celebración del 4 de Julio en la Embajada de los Estados Unidos, cuando vio el Boletín Oficial. Allí compartió las sandwiches con salsa barbacoa con Yacobucci. No cruzaron palabras con Cúneo Libarona que estaba en el mismo salón.
Cuando LA NACION reveló el pedido de renuncia a Tessio, fuentes del Gobierno señalaron que Caputo mandó a pedirle la renuncia, en coincidencia temporal con la presentación que hizo la UIF para ser querellante contra Insaurralde. Esa presentación cayó mal en el Gobierno y le pidieron explicaciones a Yacobucci, dijeron fuentes oficiales. Si bien el titular de la UIF fue quien firmó el escrito para presentarse como querellante, Tessio era el interlocutor con las autoridades de la justicia federal de Lomas de Zamora, que investigan al exintendente.
El vicepresidente de la UIF estaba activando los contactos de la red de entes antilavado en todo el mundo para rastrear las finanzas de Insaurralde fuera del país, el origen de los fondos con los que pagó sus viajes a Europa y Estados Unidos con una Tarjeta American Express emitida en el extranjero y, eventualmente, supuestas cuentas en el exterior.