La segunda fase llegó más rápido para los políticos no mileístas que para el Gobierno. Menos de una semana después de la sanción de la Ley Bases, empezó el deshielo de la oposición, en todas sus facetas (colaborativa, dura y extrema). Antes de que el oficialismo lanzara su tan demandada hoja de ruta para la nueva etapa.
Como se esperaba y se había anunciado, fue el macrismo el que comenzó a marcar diferencias con el oficialismo y a plantear demandas. También, a establecer una barrera sanitaria para los neomileístas que, de la mano de Patricia Bullrich, se proponían terminar de fusionar el Pro con el oficialismo para entregárselo al Presidente, en bandeja y sin discusión interna.
El instinto de supervivencia de Mauricio Macri y de los dirigentes que le responden, a los que el gobierno libertario quiso cooptar antes que asociar, le ganó (por ahora) la partida inicial al apuro del bullrichismo. Pero nada está terminado. La guerra continua.
De todas maneras, el espacio amarillo (ahora desteñido) no es el único que ha alterado la topografía política nacional, aplanada por el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales.
Con una gravísima acusación, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acaba de sacar de su público hermetismo e instalar en el centro de la agenda pública a Sergio Massa, el último rival electoral (y también expatrocinador) de los libertarios. Le imputó públicamente estar detrás de un intento de desestabilización.
Francos no utilizó eufemismos ni circunloquios. En una entrevista con Luis Novaresio, en LN+, dijo que Massa “trabaja para generar inestabilidad en el Gobierno” y “hace el mantenimiento del helicóptero”, en alusión a la salida anticipada de la presidencia de Fernando de la Rúa, en 2001. Funestas imágenes de un pasado que es mejor olvidar.
A pesar de la gravedad del asunto, el Jefe de Gabinete no aportó pruebas ni evidencias. Sin embargo, el estrecho vínculo que Milei y Massa cultivaron hasta que se enfrentaron en el balotaje presidencial y la continuidad en cargos relevantes de la actual administración de exfuncionarios del massismo obliga a tomar en cuenta lo dichos de quien es el segundo a cargo de la administración del país.
Por eso mismo, parece razonable el planteo de algunos opositores acerca de que Francos debería llevar el caso ante la Justicia. Más aún ante la réplica del massismo y de otros dirigentes de que la acusación del Jefe de Gabinete es solo un ardid comunicacional “para desviar la atención y no asumir la responsabilidad del Gobierno en la escalada del dólar, la suba del riesgo país y la caída de los activos argentinos de los últimos días, producto de la incertidumbre y la desconfianza de los mercados respecto el rumbo económico”.
De todas maneras, lo que Francos denunció es parte de lo que desde la Casa Rosada dejaban trascender en reserva durante los días previos. Lo completaban con la afirmación de que estrechos allegados al último ministro de Economía de Alberto Fernández y Cristina Kirchner habían vendido bonos y comprado dólares en los mercados paralelos para complicar al Gobierno. Entre los acusados aparecían banqueros locales e inversores extranjeros vinculados con Massa.
La conocida relación del líder del Frente Renovador con esos actores y su actual relación laboral con un fondo de inversión daban aires de verosimilitud a la acusación, al margen de las razonables dudas de naturaleza estrictamente económico-financieras que existen respecto la gestión libertaria y que no ha logrado despejar el Gobierno. O, peor aún, que fueron profundizadas por la cuestionada conferencia de prensa brindada al viernes último, tras el cierre de los mercados, por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Difícilmente algo de esto lleve tranquilidad a los inversores.
La verosimilitud, aunque no necesariamente la veracidad, de la denuncia de Francos, se apalanca en otros elementos, que no escapan a los agentes bien informados con que cuenta el Gobierno y que las fuentes oficiales admiten haber tomado en consideración para elaborar la inquietante hipótesis desestabilizadora.
En las últimas semanas, la actividad se ha acrecentada de manera notable en las oficinas que Massa ocupa a metros del Patio Bullrich. Lo admiten los colaboradores del exministro-candidato.
Allí se ha visto ingresar a dirigentes de distinto rango de un arco político que va desde el kirchnerismo hasta el radicalismo, pasando por el peronismo federal y algunos exfuncionarios macristas a los que el excandidato convoca. Las pocas cocheras con las que cuenta el edificio no han dado abasto. También se sabe que son frecuentes los diálogos de Massa con gobernadores peronistas y no peronistas.
Suficiente elementos como para que en las cercanías de Francos y otros importantes miembros del Gobierno se acuse a Massa de pretender ser en 2025 “el Eduardo Duhalde de 2001″, aquel candidato presidencial derrotado en la elección previa, que logró llegar a la Presidencia tras el fracaso de su vencedor. Las teorías conspirativas están a la orden del día. Como si al país le faltaran motivos de zozobra y al Gobierno no le sobraran problemas sin resolver.
Hasta ahora, el líder del Frente Renovador ha decidido mantener su silencio y el bajísimo perfil adoptado tras la derrota del 19 de noviembre pasado, que no ha roto ni para hacer la prometida presentación de un libro que tiene terminado hace ya un par de meses. La ocasión propicia parece aún no haber llegado, pero el Gobierno lo subió al ring antes de lo que hubiera querido.
Los pronósticos de Massa sobre la performance de la actual administración y el desempeño de la economía dicen que ya le llegará el tiempo de volver a escena. Antes de 2027. Los bajos malos porcentajes que tiene en las encuestas de imagen no lo desaniman ni lo alejan de la política.
Mientras tanto, en su nombre ejerce de vocero y contrincante del oficialismo su cuñado, Sebastián Galmarini, quien desde sus cuentas en las redes sociales descalificó a Francos, así como suele hacerlo con todos los que critican la gestión de Massa. Bien lo sabe Martín Guzmán, el primer ministro de Economía de Fernández.
La fiebre amarilla
Con ese trasfondo de supuestas conspiraciones y mercados alterados, adquiere más relevancia la distancia pública que el macrismo ha empezado a marcar del Gobierno y que lo ha llevado hasta la fractura interna, en un enfrentamiento con el sector que lidera la ministra de Seguridad, decididamente enrolado con Milei.
Una sucesión de episodios, que se inició con un documento de la Fundación Pensar, el centro de estudios macrista, en el que se plantearon algunas críticas a la gestión oficial (aunque también había elogios), marca el comienzo de una nueva etapa en el vínculo entre el Pro y los libertarios. También, entre Milei y Macri, quienes no se hablan ni se ven desde hace casi ya dos meses, después de los primeros tiempos en los que el expresidente oficiaba de consejero y compartía con regularidad sus experiencias en la Casa Rosada con el novel jefe de Estado.
El hecho de que el documento de la fundación macrista, presidida por María Eugenia Vidal, se haya publicado apenas 72 horas después de que Milei elogiara a la diputada por su desempeño en el Congreso en apoyo de la Ley Bases no pasó inadvertido para el Gobierno. Ni pareció casual.
Mucho menos, que Macri reclamara al Gobierno por las redes sociales que cumpla con el fallo de la Corte que ordena restablecer a la ciudad de Buenos Aires el porcentaje de la coparticipación, descontado durante la gestión de Alberto Fernández para aumentar los recursos destinados a la provincia gobernada por Axel Kicillof. El elogio y la promesa de seguir apoyando el rumbo económico del Gobierno sonaron en la Casa Rosada como atenuantes de ocasión.
Los antecedentes se parecen demasiados a actos preparatorios de la anunciada fractura que se concretó este jueves en la afiebrada convención amarilla, luego de que se oficializara el desplazamiento de Bullrich de la conducción asamblearia. Aunque nunca lo hubiera imaginado, Macri terminó adhiriendo al lema fundacional de la UCR y prefirió que su partido se rompa y no se doble. Al menos, no sin contrapartida.
Antes, el expresidente debió lamentarse una vez más de haberle cedido la conducción partidaria y apoyado la candidatura presidencial a una dirigente que habiendo pasado de un extremo a otro de la política argentina nunca dejó ser coherente en su forma de actuar y en su predisposición habitual a no quedar atada a ninguna fuerza política. ¿La que avisa no traiciona?
“Yo me juego a fondo, como lo hice siempre”, dijo ayer la ministra en el documento en el que critica a Macri y los suyos, y en el que defendió su apoyo sin matices a Milei y al gobierno que ella decidió integrar sin consultar al partido que presidió hasta hace semanas.
Los resultados de la gestión de Milei serán los árbitros finales de esta disputa. Por ahora, todo es demasiado incierto como para aventurar pronósticos. Quizá más que hace seis meses y, por eso, se llegó a este desenlace cruento sin posibilidades de saldarlo pacíficamente.
Los tropiezos del Gobierno, la incertidumbre que volvió a instalarse sobre la economía, la decisión del Presidente, su gurú Santiago Caputo y el Jefe de Gabinete de no acordar una sociedad con Macri ni cederle lugares sin rendición incondicional los llevaron hasta acá, a pesar de que Pro aportó el bloque que más disciplinadamente apoyó hasta ahora al Gobierno en el Congreso. Aún más que los legisladores libertarios. El poder no se comparte.
El oficialismo no cedió y mantiene su bandera identitaria, pero la decisión de inmiscuirse en situaciones internas ajenas también empieza a tener costos para el Gobierno, cuya magnitud es difícil de cuantificar o prever todavía. No solo fronteras adentro del país sino también en el exterior.
Este fin de semana puede haber más escenas de superacción. El viaje de Milei a Brasil para participar de la convención de la nueva derecha internacional, invitado por el expresidente Jair Bolsonaro, acérrimo enemigo del actual mandatario Lula da Silva, despierta prevenciones tanto en la cancillería argentina como en la brasileña. La reciente escalada de agravios entre Milei y Lula podría ser solo el telón de fondo de una crisis sin precedente en la relación bilateral, a pesar de los enormes intereses comerciales y estratégicos que comparten ambos países.
En Brasilia dicen que la tolerancia de Lula no pasa por su mejor momento y que no está dispuesto a soportar nuevos agravios, mucho menos en su propio país. Los embajadores de la Argentina y de Brasil, por las dudas, tienen las valijas preparadas.
Con este trasfondo de conflictos se llega, paradójicamente, al Pacto de Mayo, por firmarse el 9 julio. La segunda etapa ya empezó. La incertidumbre sigue.