El proyecto para modificar la fórmula de movilidad de las jubilaciones que impulsó la oposición es objeto de una dura negociación en el Senado, que lo tratará este miércoles en comisiones mientras el oficialismo busca apoyo para modificarlo y devolverlo a la Cámara de Diputados, con el aumento de 8,1% pero sin retroactividad y sin el incremento adicional anual que plantea la iniciativa original.
El proyecto fue aprobado en junio por la Cámara de Diputados. La oposición dialoguista de la UCR, Hacemos Coalición Federal y otros bloques juntó sus votos con los «duros» de Unión por la Patria para marcarle la cancha al presidente Javier Milei en el tema de las jubilaciones, con un aumento de 8,1% a modo de recomposición de los haberes por la inflación de enero, no reconocida por el Gobierno en la fórmula que estableció por decreto.
Ahora en el Senado las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social continúan con el debate del proyecto y, en principio, se buscará la firma del dictamen. En ese contexto, La Libertad Avanza busca un acuerdo con los bloques dialoguistas para hacerle modificaciones al proyecto.
Tienen un doble objetivo: por un lado suavizar el impacto fiscal que tendría la iniciativa original y el Gobierno calcula en «un punto del PBI para este año y 1,2 para el próximo», según advirtió el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, a los senadores, y por el otro demorar la sanción de una ley no deseada por el presidente Javier Milei, dado que si el Senado le hace cambios tendrá que volver a Diputados.
Jubilaciones: ¿qué escenario enfrenta el oficialismo en el Senado?
El desafío para el oficialismo es juntar las firmas en el plenario de comisiones para tener el dictamen de mayoría. Los senadores kirchneristas, que empujan la media sanción de Diputados sin cambios, tienen una presencia fuerte mientras que el bloque de la UCR aparece dividido frente al tema.
«Este es un proyecto del radicalismo que viene de Diputados y no todos compartimos que nosotros tengamos que modificarlo», reveló a iProfesional una fuente de esa bancada, que remató: «Que lo cambie el oficialismo si puede y si no que lo vete el Presidente». En efecto, cuando la oposición aprobó la iniciativa en la Cámara baja, Milei había dicho que vetaría la ley.
Buena parte de la oposición quiere evitar esto porque los llevaría a profundizar la pelea con el Gobierno desde el Congreso, donde habrá presiones para anular el eventual veto, y otra parte quiere hacerle pagar el costo político de rechazar un aumento para las siempre flacas jubilaciones. El oficialismo, en tanto, quiere evitar esto último.
La división de los radicales contrasta con la ayuda que le dieron a La Libertad Avanza en junio para bloquear un intento del kirchnerismo por sancionar la ley el Senado sin pasar por las comisiones. Mediante una argucia reglamentaria la UCR le permitió ganar tiempo al oficialismo. Ahora las diferencias entre los más colaborativos con el Gobierno y los más críticos lo complica.
En ese contexto, el jefe el bloque de La Libertad Avanza que encabeza Ezequiel Atauche negocia con los radicales más afines, el PRO y los bloques federales. «Va a haber dictamen y con modificaciones», deslizaron fuentes del oficialismo a iProfesional, confiadas en que conseguirán apoyo en las comisiones y luego en el recinto para suavizar y, de paso, demorar un poco más la ley.
¿Qué cambios negocian los libertarios en el proyecto que reforma la fórmula de movilidad?
Con el fin de lograr ese acuerdo con los bloques dialoguistas del Senado, el oficialismo aceptará que el ajuste mensual de las jubilaciones por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el aumento adicional del 8,1%, aunque no retroactivo para abril sino a partir de la sanción de la ley. Este fue uno de los puntos que marcó Guberman durante su exposición la semana pasada.
Pero por otro lado, los libertarios negocian la eliminación «del componente del RIPTE», según adelantaron las fuentes consultadas. Se refieren así al artículo del proyecto de Diputados que establece un aumento adicional anual mediante la combinación de ese índice (que mide la variación del salario promedio) y el IPC.
Esas modificaciones se apoyan en las críticas que dejó el secretario de Hacienda en su paso por el Senado, aunque el rechazo del Gobierno se extiende a otras cláusulas del proyecto, como la que fija que la jubilación mínima tiene que estar un 9% arriba del valor de la canasta básica de alimentos y el plazo de un año para que la Nación abone las deudas que tiene con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales.
Este tema es uno de los más espinosos del proyecto porque involucra recursos que son reclamados al Estado nacional por varios gobernadores con peso en el Senado. En el oficialismo no tenían claro si podrían encontrar un acuerdo para modificar también este punto, que enciende luces de alerta en la Casa Rosada.
La pulseada política entre Milei y la oposición, detrás de la discusión fiscal
La nueva fórmula de movilidad jubilatoria con el aumento adicional es uno de los focos de tensión entre Milei y la oposición desde marzo, cuando el Presidente firmó el decreto con el que otorgó un aumento para abril pero omitió cubrir el 20% de la inflación de enero, la más alta en lo que va del año.
El acuerdo entre la oposición dialoguista y el kirchnerismo en Diputados no solo le propinó un revés político al Presidente sino que también expuso la impotencia del oficialismo en el Congreso cuando los demás sectores del arco político unen fuerzas, incluso si cuenta con la ayuda del PRO.
La reacción de Milei ante ese primer avance del proyecto fue advertir que vetará cualquier ley que le «rompa el equilibrio fiscal», mientras que la oposición le advirtió que si toma ese camino podrían reunir una mayoría de dos tercios para anular el veto. Esto convirtió al debate sobre las jubilaciones y la fórmula de movilidad en una disputa política, además de económica.
En ese contexto, el oficialismo buscará en el Senado atenuar el impacto fiscal del proyecto opositor para modificar la fórmula de movilidad de las jubilaciones con modificaciones que también implicarían una demora para el avance de la ley, con la idea de que Javier Milei no tenga que vetar una ley de alta sensibilidad social o, de mínima, retrasar todo lo que puedan ese momento.