El gobernador de La Rioja, el peronista Ricardo Quintela, podría estar haciéndole un involuntario favor político a Javier Milei: al oficializar el default de la deuda provincial, contribuyó a que la Casa Rosada reforzara sus argumentos en favor de la defensa del superávit fiscal, justo cuando el tema está al rojo vivo por la reforma jubilatoria.
La Rioja hizo oficial, en un comunicado a la Bolsa de Comercio, que no hará efectivo el vencimiento por capital e intereses de sus bonos 2028. La provincia intentó presentar esta situación como una medida técnica, justificada por el hecho de que hay un «proceso de negociación con los acreedores para reestructuración de su deuda».
Esa afirmación alude al hecho de que en febrero pasado se había anunciado que la provincia haría un «reperfilamiento» de su deuda, apenas tres años después de otra reestructuración. Pero, lo que más irritó al mercado en ese momento, fue que la deuda a la que no se podía hacer frente era de apenas u$s26 millones, lo cual llevó a que muchos analistas argumentaran que el default riojano estaba más fundamentado en motivos políticos que financieros.
Concretamente, lo que se interpretó en aquel momento -y se reconfirma ahora- es que el default es parte de una pulseada política, en la cual la gobernación riojana envía un mensaje político en el sentido de que no está dispuesta a afrontar un ajuste fiscal del gasto local.
Y, a juzgar por lo que opinaron los bonistas de la deuda riojana, hay argumentos para fundar esa acusación. En una carta pública, no anduvieron con eufemismos para referirse al gobernador Quintela. «Defaulteador recalcitrante y reincidente», lo calificó el comité ad hoc que tienen el bono que había sido renegociado en 2021 y que vence en 2028.
A cinco meses de iniciada la crisis, los acreedores avanzaron con su demanda ante los tribunales de Nueva York, y planearon que La Rioja no es la única provincia afectada por la crisis económica pero sí es la única que decidió deshonrar sus obligaciones financieras.
Según los acreedores, Quintela «perjudica directamente a la población a la que se supone debe servir, al desalentar la inversión y, por ende, la creación de empleo y la actividad económica en la provincia».
Una de las pruebas presentadas por los acreedores para marcar que hay falta de voluntad de pago, es que la provincia había vendido, en 2022, un parque eólico por u$s171 millones a Pampa Energía, y que con esos fondos podría haber hecho frente a sus obligaciones. Ese mismo argumento había sido planteado por el presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem, quien de esa forma reforzó la postura del gobierno nacional contra La Rioja y en favor del reclamo de los acreedores.
¿Un default más político que financiero?
Lo cierto es que la crisis financiera de La Rioja es imposible de separar del contexto político nacional. Ocurre en paralelo con la consigna de Milei por un superávit fiscal a como dé lugar. Y en esa política de recorte, los rubros destinados a las provincias fueron los que sufrieron la mayor poda en términos porcentuales. La ejecución de obra pública cayó un 80% real -es decir, descontada la inflación- mientras que las transferencias por fuera de la coparticipación automática tuvieron un desplome del 75%.
El momento en que estalló en default riojano, Milei se encontraba en pleno conflicto con los gobernadores, en represalia por la falta de apoyo hacia el proyecto original de la ley Bases. Y fue en ese marco que se produjo el congelamiento de las transferencias discrecionales y recortes en fondos para incentivo docente y transporte.
El gobernador Quintela fue el que llegó más lejos, porque planteó el default y, al mismo tiempo, el plan para la emisión de la cuasi-moneda provincial, el «Chacho», con el cual se pagaría a empleados provinciales y proveedores, mientras en paralelo proseguía una acción judicial contra la Casa Rosada en reclamo de fondos de coparticipación.
Ya desde ese momento quedó en claro que, tanto para Milei como para Quintela, esa confrontación suponía un beneficio político. El presidente le recordó públicamente a Quintela la contradicción de que, al mismo tiempo tenía dificultad para pagar los salarios de policías y enfermeros, pagó un contrato para un show de Lali Espósito en la provincia.
Y aprovechó para enviar un mensaje al resto de los gobernadores: que no se opondría al regreso de las cuasi-monedas, pero que no las aceptaría para el pago de deudas con la AFIP y que, en caso de crisis, el Estado nacional no saldría a rescatarlas -como sí lo había hecho el gobierno de Néstor Kirchner en 2003-.
Finalmente, luego de algunos amagues e insinuaciones por parte del bonaerense Axel Kicillof y del cordobés Martín Llaryora, no hubo emisiones de cuasi-monedas provinciales, aparte del «Chacho»
Por su parte, Quintela también sacó provecho político de la confrontación con Milei. Mientras negociaba con los acreedores internacionales, avanzó con su acción legal ante la Corte Suprema -donde planteó una demanda para que el gobierno nacional pague $9.300 millones de fondos retenidos, más otros $47.000 millones correspondientes al presupuesto 2024-.
El llamativo «timing» del default: un conflicto entre Javier Milei y el peronismo
El anuncio formal del default se dio ahora con un «timing» político llamativo: pocos días después del debut del «Chacho» como medio de pago y justo tras la entrevista de Quintela con el Papa Francisco, en el Vaticano. Y, claro, en pleno conflicto entre Milei y la oposición peronista por el costo fiscal de la reforma jubilatoria.
En cuanto a la cuasi-moneda provincial, el gobernador se preocupó de que no dañara su imagen política, y para eso acordó con cadenas comerciales, que implementaron descuentos de 5% para quien abonara con «Chachos». Una forma de evitar que los bonos sufrieran rechazo por parte de la población y que su cotización de mercado cayera contra el peso. No obstante, abundaron también las demostraciones de malestar por parte de empleados estatales, que debieron hacer largas filas para recibir pagos de $50.000.
Mientras tanto, Quintela, no niega sus aspiraciones a dar un salto que lo lleve a la liga nacional, posiblemente ocupando la presidencia del Partido Justicialista, que quedó vacante tras la renuncia de Alberto Fernández.
En ese marco, la visita al Papa resultó una buena vidriera política: allí el gobernador destacó la reciente reforma constitucional provincial, donde hay un protagonismo especial para la renta básica universal, un concepto que sintoniza con las preocupaciones del pontífice.
«Este encuentro subraya el compromiso del Gobierno de La Rioja con los valores de solidaridad y cooperación internacional, y reafirma nuestra dedicación a trabajar por la paz, la justicia social y el bienestar de todas y todos los riojanos», dijo Quintela tras la reunión y las fotos de rigor.
¿Hay riesgo de «efecto contagio»?
En todo caso, el costado político de la situación riojana es claro: el gobierno de Milei quiere aprovechar para enviar un mensaje, en el sentido de que ya no fungirá como salvataje de última instancia para provincias con crisis financieras.
De hecho, ya hubo muestras de esa postura en los últimos meses. El antecedente más notorio fue el de la provincia de Misiones, que en mayo vivió semanas de zozobra por un conflicto salarial en la policía provincial y en el gremio docente. En aquel momento, el gobierno nacional alegó que, por ley, no podía intervenir en un conflicto que era del ámbito exclusivamente provincial.
Lo llamativo es que Misiones, pese a todo, no lucía tan mal desde el punto de vista fiscal como otras provincias, en el sentido de su dependencia de la asistencia financiera desde Buenos Aires.
De hecho, figuraba entre las que recibían menores transferencias per capita desde la Nación. Su dependencia de la coparticipación automática de impuestos era de un 45% sobre el total de ingresos, mientras que lo que recibía por transferencias discrecionales era de 10%, según la estimación realizada por la Fundación Mediterránea. Son cifras que contrastan con casos de provincias donde la asistencia nacional explica más del 75% de los ingresos totales, una categoría donde La Rioja ocupa un rol protagónico, junto a Formosa, Jujuy y Santiago del Estero.
De momento, Milei parece tranquilo en el sentido de que el «efecto contagio» de La Rioja hacia el resto de las provincias no se está produciendo.
Los analistas del mercado consideran que los vencimientos provinciales de 2024 no son demasiado significativos en su conjunto: suman unos u$s2.000 millones, una cifra manejable considerando que muchas de las provincias tienen depósitos en dólares disponibles en el sistema financiero.
Incluso La Rioja, apuntan los analistas de las finanzas provinciales, tiene un ratio de masa salarial sobre generación de recursos propios que no es tan grave como los que ostentan Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Salta y Entre Ríos. Es decir, un dato que abona el argumento de un default más motivado por la política que por el resultado financiero.
Javier Milei y su mensaje aleccionador
La posición de Milei parece clara: un default de La Rioja, en este momento, le trae más beneficios que perjuicios. Implica que, de ahora en adelante, todos los gobernadores saben que no habrá salvatajes para las provincias problemáticas, y también los inversores tendrán en cuenta esa situación a la hora de prestarle a gobernaciones con altos niveles de gasto público.
Así lo argumentó Lucas Llach, ex vicepresidente del Banco Central y uno de los asesores que estuvo en la foto donde el gobierno se juramentó defender el superávit fiscal puesto en riesgo por la reforma jubilatoria: «Si cuando hay un default provincial la Nación salva a esa provincia, porque de otro modo hay un efecto contagio sobre el buen crédito de otras e incluso sobre el de la Nación, el incentivo de cada gobernador es gastársela toda, total si zafo zafo y si no me salva papá Nación. Y es un equilibrio perverso: si está instalado que ese será el comportamiento nacional, también los acreedores sobreprestan a las provincias en la expectativa que la Nación pagará».
Lo cierto es que la pulseada financiera de La Rioja recién empieza, y todo indica que tanto el gobernador Quintela como el presidente Milei tienen pocos incentivos para un acuerdo político. Mientras tanto, los acreedores avanzan con su juicio y el resto de los gobernadores siguen expectantes el desenlace de la trama.