El Gobierno profundiza la desregulación en la agricultura y elimina 19 normas de la gestión de Alberto Fernández

Con el fin de alinear las políticas, el ministerio de Economía derogó las normas de la Secretaría de Agricultura de Alberto Fernández

05/11/2024 – 10:18hs

La Secretaría de Agricultura ha implementado una serie de cambios en las políticas regulatorias que impactan en los sectores de agricultura, ganadería y pesca, mediante la derogación de 19 normas establecidas en la gestión del gobierno anterior. Esta medida, oficializada a través de la Resolución 1129/2024 publicada en el Boletín Oficial, tiene el propósito de simplificar y agilizar los procesos administrativos en estos sectores productivos, con el fin de promover una mayor eficiencia en la relación entre el Estado y los actores involucrados, tales como productores, exportadores e importadores.

Según el Ministerio de Economía, esta serie de derogaciones responde a la necesidad de reducir la burocracia y favorecer una regulación más eficiente. En el texto oficial de la resolución, la cartera económica señala que es «indispensable alinear las políticas de regulación» para facilitar los trámites administrativos y operativos, además de «simplificar los procesos en relación al Estado Nacional».

En este sentido, el objetivo principal de la medida es generar un entorno más sencillo y razonable para el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, que permita la desburocratización y optimización de los tiempos de respuesta por parte del Estado.

La derogación de estas normas también busca facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas del sector agroindustrial a los mercados de exportación, así como mejorar la competitividad de los productos argentinos en el mercado global. Las autoridades sostienen que las políticas anteriores imponían cargas administrativas que limitaban el potencial de crecimiento de estos sectores, por lo que esta decisión busca fomentar un contexto de mayor previsibilidad y eficiencia.

Detalles de las normas derogadas

Entre las 19 disposiciones que quedaron sin efecto, se encuentran regulaciones específicas que abarcan una diversidad de aspectos, desde la simplificación en los procesos de exportación hasta la eliminación de ciertos programas y subsidios. Algunos de los cambios más destacados incluyen:

1. Eliminación de la Declaración Jurada de Exportación de Carne (DJEC): Hasta ahora, los exportadores de productos cárnicos y sus derivados debían presentar una declaración previa para realizar operaciones de exportación. Con esta derogación, se espera reducir los tiempos y trámites necesarios para exportar carne y facilitar así el comercio exterior del sector.

2. Desactivación del fideicomiso de asistencia financiera: La normativa derogada permitía a las empresas inscriptas en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) constituir un fideicomiso destinado a la asistencia financiera, que también buscaba garantizar el abastecimiento interno y la regulación de precios. Con esta eliminación, la Secretaría de Agricultura da un giro en la estrategia de intervención estatal en el mercado interno.

3. Suspensión del Programa Nacional de Certificación de Calidad en Alimentos «Sumar Valor»: Este programa se había establecido para incentivar mejoras en las pymes productoras de alimentos a través de la promoción de certificaciones de calidad. Según las autoridades, su derogación responde a la intención de simplificar el esquema regulatorio y permitir que las empresas optimicen sus recursos.

4. Finalización del envío de productos lácteos a Venezuela: Otro de los programas derogados incluía la distribución de productos lácteos y derivados a Venezuela. Esta disposición respondía a acuerdos bilaterales previos, y su eliminación implica un cambio en la política de exportación hacia ese destino específico.

5. Eliminación del modelo de inscripción para el transporte interjurisdiccional de trabajadores agropecuarios: Se ha eliminado un modelo de declaración jurada para la movilidad de trabajadores relacionados con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca. Esto busca agilizar el traslado de mano de obra en el sector, especialmente en actividades que demandan alta movilidad entre regiones.

6. Suspensión de la «Iniciativa 200.000.000 de toneladas»: Este proyecto proponía una coordinación nacional para incrementar las exportaciones de cereales, oleaginosas y legumbres. La derogación del programa implica un cambio de enfoque en la política de exportación y producción agroindustrial, enfocándose en otras estrategias de crecimiento.

7. Eliminación de la unidad de perspectiva de género en el Ministerio de Agricultura: Esta unidad fue establecida para promover la igualdad de género en el ámbito laboral agropecuario. Su derogación ha sido justificada por la administración actual como parte de un plan de simplificación y reestructuración en las áreas de gestión del ministerio.

8. Eliminación de la asignación de la cuota anual de carnes bovinas: La regulación de los parámetros para la distribución de la cuota anual de carnes deshuesadas y congeladas también fue derogada. Esto podría tener un impacto en la manera en que los exportadores argentinos acceden al mercado internacional de carne, permitiendo mayor flexibilidad en la asignación de cuotas.

9. Suspensión de la compensación para productores de lana en la Patagonia: Otro punto relevante es la eliminación de una compensación económica destinada a pequeños y medianos productores de lana de la región patagónica. Este subsidio se financiaba con el Fondo de Incremento Exportador, y su eliminación representa una reorientación de los recursos públicos.

Repercusiones y expectativas en el sector

El conjunto de derogaciones ha generado diversas reacciones en el ámbito agroindustrial. Algunos sectores ven la medida como una oportunidad para reducir cargas administrativas y aumentar la competitividad en el mercado global. Sin embargo, otros expresan preocupaciones por la eliminación de subsidios y programas que beneficiaban a pequeños productores, particularmente en regiones menos competitivas o con condiciones más adversas, como es el caso de la Patagonia.

Desde la Secretaría de Agricultura, aseguran que estas modificaciones permitirán una mayor «razonabilidad» en los procesos regulatorios, promoviendo un entorno más simple para el desarrollo de las actividades productivas. La expectativa es que la reducción de normativas y procedimientos aumente la fluidez en el comercio exterior y genere condiciones favorables para el incremento de la producción y exportación agropecuaria.

No obstante, algunos productores y representantes de cámaras agroindustriales advierten que la eliminación de ciertos programas podría afectar a las pymes y a los sectores que se beneficiaban de estos incentivos. Las asociaciones del sector están evaluando los posibles efectos a corto y largo plazo de estas medidas en sus respectivas actividades, y solicitan al gobierno garantías de que la desregulación no afectará la competitividad de los pequeños y medianos productores.