Asociaciones científicas, empresariales, sindicales, universidades, colegios profesionales veterinarios y la Organización Colegial Veterinaria han expuesto este miércoles, de forma unánime, su malestar por el Real Decreto 666/20023, que controla el uso de antibióticos en las clínicas, y otras normativas que afectan a los medicamentos para los animales. Unidos en denominado Comité de Crisis Veterinario, piden una «ley justa» del medicamento en el marco de la Unión Europea y anuncian un calendario de movilizaciones, que empezarán con una concentración veterinaria y de propietarios de animales del 26 de marzo en todas las delegaciones y subdelegaciones del gobierno. Llevan semanas protestando y, el 5 de marzo, se manifestaron ante el Ministerio de Agricultura en Madrid.
El Comité de Crisis Veterinario ha expuesto nuevas reivindicaciones en rueda de prensa. El enfado viene de lejos y tiene que ver con el sistema creado para controlar el uso de antibióticos en animales. «El sector de los medicamentos humanos y el de los veterinarios son completamente distintos, y deben enfocarse de forma distinta», señalan.
«La enorme variabilidad de especies que atendemos, así como los pocos recursos farmacéuticos autorizados en veterinaria, exige flexibilidad en la interpretación de las normativas, que permita ajustarse a la práctica clínica, anteponiendo en todo momento la salud y bienestar animal, y la salud pública«, señalan en un manifiesto cuyo título es ‘¡Dejadnos trabajar!’.
Vigilancia
Aluden al origen del conflicto: la entrada en vigor, el 2 de enero, del RD 666/2023, que regula la obligación de comunicar a través de PRESVET las recetas de antibióticos. PRESVET es el Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos, explican desde la Organización Colegial Veterinaria (OCV). Es una herramienta para la monitorización y la vigilancia de las prescripciones que se realizan de antibióticos tanto en las explotaciones ganaderas como en animales de compañía, con el fin de poder adoptar las medidas que se precisen para su control.
Los veterinarios consideran que este sistema es «una imposición de nuestro país no recogida en la normativa europea«. La aplicación no utiliza siquiera las unidades estándar de medida establecidas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y «no aporta más información de la que ya dispone nuestro país a través del sistema de control ESUAVET», que depende de la dependiente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Supone, además, dicen «una carga burocrática excesiva, con la amenaza de sanciones absolutamente desproporcionadas«.
La normativa europea indica que «los medicamentos se usarán según los términos de la autorización de comercialización», pero, señalan, «ello no implica en absoluto la interpretación tan restrictiva realizada en España. Esta interpretación, por poner un ejemplo y a diferencia de otros países, nos impide aumentar la dosis o los días de tratamiento con un fármaco, aunque las publicaciones científicas y el bienestar animal así lo aconsejen. Esta falta de flexibilidad puede conducir, en ocasiones, incluso a producir resistencias a los antibióticos«.
Prescripciones
PRESVET, operativo en España desde enero de 2025, ha corregido el 18% de las prescripciones de antibióticos innecesarias en mascotas durante sus primeros tres meses, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Esta herramienta, desarrollada bajo el Reglamento (UE) 2019/6, enfrenta un desafío sanitario de escala global: la resistencia antimicrobiana (RAM), vinculada a 4,95 millones de muertes humanas anuales por infecciones intratables según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Pero los veterinarios no están de acuerdo: «Muchas fichas técnicas están desactualizadas y aun así nos obligan a ajustarnos a ellas, en contra de nuestro criterio clínico y la evidencia científica». Señalan que están «plenamente implicados en la lucha frente a las resistencias a los antibióticos, y al uso racional de los mismos, pues en primer lugar somos sanitarios y prima la salud de las personas».
Controlados
Su actividad la controla la AEMPS, según lo establecido en el Reglamento 2019/6, insisten. Desde 2014, con el Plan Nacional Resistencia Antibióticos (PRAN), el colectivo asegura que ha logrado una reducción de más del 70% en su uso, «resultado de nuestro compromiso, responsabilidad y ética profesional«. «La clasificación restrictiva de los antibióticos, la escasez de los de primer uso en los animales y la necesidad de realizar pruebas de sensibilidad, dificulta y retrasa la atención de los mismos, con los riesgos para la salud que ello puede condicionar», apuntan.
Una veterinaria con una mascota. / Medivet
Y añaden: dado que el 60% de las patologías infecciosas en personas derivan de los animales, limitar el acceso a tratamientos adecuados en salud animal «también puede tener un impacto sobre la salud». «Nos encontramos con desabastecimiento de medicamentos veterinarios en los puntos de venta autorizados, que obliga a los propietarios a peregrinar de una farmacia a otra sin encontrarlos y con el riesgo claro de retraso en los tratamientos», denuncian.
Excedentes de medicamentos
Además, critican, en muchos casos las presentaciones no se ajustan a las necesidades «de las variadas especies animales que atendemos, generando peligrosos excedentes de medicamentos; algo contrario a lo que persigue la normativa, como es el mayor control de los medicamentos».
El sistema actual, que prohíbe la venta de medicamentos en los centros veterinarios, a diferencia de lo que sucede en el resto de nuestro entorno europeo, reclaman, «debe ser modificado, para que además de en las farmacias, en los centros veterinarios podamos suministrar los medicamentos a los animales que tenemos a nuestro cuidado. Ello permite una atención rápida, de calidad, ajustando la cantidad precisa para que no haya excedentes, y colaborando para el mejor control de los medicamentos en general y de los antibióticos en particular».