Los consensos para aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal se alejaron con el correr de los días. Tres semanas después de que ingresaran al Senado, el diálogo entre el Gobierno y la oposición se empastó al punto tal que incluso aquellos que parecían dispuestos a acompañar sin chistar las iniciativas volvieron a la carga con una catarata de reclamos. El último miércoles, cuando el oficialismo decidió llamar a un cuarto intermedio para postergar nuevamente la discusión legislativa, la reacción de los mercados ocasionó un primer cimbronazo al proyecto económico de Javier Milei, eje de flotación de la administración libertaria.
El Presidente reconoció “el empantanamiento” de las iniciativas en el Senado durante la entrevista que le concedió al periodista Luis Majul en LN+. “El mercado estaba esperando la aprobación de la Ley Bases. La contracara de esto es que los precios de los bonos cayeron y el riesgo país subió”, explicó el primer mandatario. Ese día, las acciones argentinas que cotizan en el exterior habían caído hasta 10% y el riesgo país superaba la barrera de los 1400 puntos básicos. “Es mejor si se aprueba, pero si no se aprueba nosotros podemos seguir adelante y vamos a seguir adelante. En lugar de bajar la inflación más rápido, va a bajar más lento. Son las lógicas del sistema democrático”, advirtió Milei en pleno prime time televisivo.
Dos días después, el jefe de Estado viajó a Córdoba con su gabinete para celebrar el 25 de Mayo. El acto careció de pacto: el único gobernador que asistió fue el anfitrión, Martín Llaryora. No obstante, el libertario relanzó la idea de un gran acuerdo nacional y ajustó los conceptos originarios. Sin determinar fechas, ató la creación de un Consejo de Mayo –con representantes provinciales, legislativos, sindicales y empresarios– a la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal. Anunció que, tras ello, avanzará en una reducción “significativa de impuestos”. Una nueva zanahoria.
La Casa Rosada busca acelerar, sin éxito, la aprobación de los proyectos. El Gobierno necesita exhibir robustez política a los mercados y a los organismos multilaterales de crédito, principalmente al Fondo Monetario Internacional (FMI). A diferencia de la intransigencia de unos meses atrás, el Poder Ejecutivo está dispuesto a resignar contenido con tal de lograr una primera victoria parlamentaria.
El único punto no negociable, y por el que se obturó el diálogo con la oposición, es el capítulo que reimpone la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. Según pudo saber LA NACION de fuentes inobjetables, la administración libertaria necesita reimplantar este tributo para completar su programa económico que incluye la promesa de eliminar el impuesto PAIS, las retenciones y el gravamen a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque).
Sin embargo, la reticencia de los gobernadores y senadores patagónicos atenta contra los planes del Poder Ejecutivo. Para acompañar las medidas piden definir a la región como “zona desfavorable”, que contemple un 22% de aumento del mínimo no imponible. La negativa del Gobierno de aceptar esta diferenciación sembró las bases de la rebelión. La semana pasada, el santacruceño José Carambia se ausentó el día que el oficialismo pretendía dictaminar. Lo mismo pasó con la neuquina Lucila Crexell, quien dio el presente por la mañana pero tras el cuarto intermedio se convirtió en inhallable. Con el radical Martín Lousteau amotinado en el rechazo, los libertarios no lograron reunir las ocho firmas de Legislación General, una de las tres comisiones encargadas de dictaminar, para obtener un despacho de mayoría. El kirchnerismo cuenta con un piso de siete integrantes.
“No aflojan con Ganancias”, resumió uno de los patagónicos sobre la actitud del oficialismo. Quieren que el texto que se lleve al recinto cuente con las modificaciones que proponen para el tributo. Sin esos cambios, se muestran reticentes a apoyar en general las iniciativas. “Si uno vota en general hay chances de que Diputados vuelva al texto original si el Senado no logra en particular rechazar Ganancias con dos tercios. Lo cual nos pone entre la espada y la pared”, agregó.
En su cruzada contra Ganancias, a los patagónicos los acompañan los 33 kirchneristas y los senadores de Unidad Federal, Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Carlos Mauricio “Camau” Espínola (Corrientes). En total, suman 41 adhesiones, siete menos de las 48 necesarias para voltear el tributo con una mayoría especial, difícil de revertir en Diputados.
Esta encerrona se combinó con los errores evitables de un oficialismo que pretendió acelerar a fondo sin los votos para hacerlo. En paralelo, las internas del Gobierno erosionaron el diálogo con la oposición y generaron un cóctel explosivo para la preciada Ley Bases.
Si bien la vicepresidenta Victoria Villarruel fue recientemente incluida en las negociaciones, su vínculo con los emisarios de la Casa Rosada todavía sigue muy tirante. El último miércoles, cuando el oficialismo tuvo que postergar el debate en comisiones, la titular del Senado se reunía con los opositores “heridos” en su despacho, quienes mascullaban bronca ante la desprolijidad del Gobierno, que entregó los cambios concedidos cuando el plenario ya había comenzado.
Villarruel es la única que empatiza con los diferentes espacios políticos de la Cámara, pero le arrebataron cualquier margen de maniobra para llegar a acuerdos. José Rolandi, vicejefe de Gabinete, fue el protagonista de las tratativas, aunque el nuevo revés desdibujó su rol así como el de su superior, Nicolás Posse, alrededor del que crecen rumores sobre su salida de la administración libertaria.