Con la firma de un nuevo acuerdo por un préstamo de 20.000 millones de dólares con el FMI, el control del gasto en jubilaciones vuelve a estar en la mira del Gobierno que deberá cumplir con los condicionamientos que impone el organismo internacional y a rajatablas con el ajuste de las cuentas públicas. El FMI exije reformas estructurales, entre ellas en el sistema previsional. ¿Qué alternativas podría evaluar el Gobierno? ¿Se extenderá la PUAM, se quitarán los regímenes especiales como el de docentes, y qué pasará con la edad jubilatoria? La tensión entre la inclusión y la sostenibilidad del sistema.
La “solidez fiscal” fue señalada de un lado y del otro del mostrador como una condición clave para firmar un nuevo endeudamiento. Y como es habitual, en el comunicado del board el FMI exigió las reformas estructurales que tanto dañan a las sociedades. Afirmó que el ancla fiscal “se sustentará en una disciplina continua del gasto, medidas de eficiencia y reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de coparticipación de ingresos y de pensiones”, llave que abrirá al Gobierno la posibilidad de impulsar cambios de fondo en las jubilaciones. El organismo fue todavía más lejos, al exigir un superávit fiscal mayor para 2025, elevando el ratio de 1,3 a 1,6 por ciento del PBI.
Nada bueno para las y los jubilados puede salir de esto, pese al apoyo que tienen de buena parte de la sociedad como se vio en las últimas manifestaciones de los miércoles. En febrero pasado el Gobierno le pidió la renuncia a Mariano de los Heros, que estaba al frente de la ANSeS, luego de que el presidente Milei tuviera que salir a desmentir que una reforma previsional estaba en carpeta y que sería aplicada antes de fin de año. De los Heros había anticipado que evaluaban aplicar un aumento en la edad jubilatoria, pero nada de esto fue tratado. Y no se sabe explícitamente cuáles son las reformas que exige del FMI, pero el ajuste fiscal de 2024 tan elogiado recayó casi en un cuarto sobre la licuación de las jubilaciones.
La política previsional de Javier Milei consistió en congelar los haberes luego del salto inflacionario de diciembre de 2023, luego vetar leyes de recomposición de los haberes y establecimiento de límites mínimos en función de la Canasta Básica Total (CBT), para establecer por decreto una movilidad basada exclusivamente en la indexación por inflación, además congelar el bono de 70 mil pesos y derogar la última ley de la moratoria previsional a partir de marzo.
Moratoria, afuera
El 23 de marzo venció la moratoria previsional vigente (Ley 27.705). Si bien la implementación de las distintas moratorias previsionales en los últimos 30 años permitió el acceso a una jubilación a personas que no contaban con los años de aportes requeridos por el sistema contributivo, esta práctica también contribuyó a desfinanciar el sistema quebrando la ecuación de aportes/beneficios. De allí que el Gobierno de Javier Milei, obsesionado con el equilibrio de las cuentas públicas, decidiera darle de baja.
La suspensión de las moratorias significa que 8 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones, en el futuro inmediato, no accederán a un beneficio jubilatorio al incumplir los 30 años de aportes, sostiene un reciente estudio de la Fundación Éforo. Esta es la realidad de la mayoría de los trabajadores argentinos: es imposible cumplir con la cantidad de aportes necesarios producto de una informalidad laboral, que ningún Gobierno pudo remediar.
Los datos de ANSES arrojan un total de 7.278.830 beneficiarios de jubilaciones y pensiones en 2024, de los cuales cerca del 60 por ciento tuvo acceso gracias a las moratorias, lo que implica que la mayoría de los beneficiarios no logró completar los 30 años de aportes requeridos, completan desde Éforo. Un aspecto positivo que suele enfatizarse del sistema previsional argentino es su grado de cobertura –el 91 por ciento de la población adulta cuenta con algún tipo de haber- y esto también es resultado de las moratorias.
Sostenibilidad
El problema de Argentina es que hay pocos aportes para el gasto de jubilaciones y pensiones. Primero, hay pocos aportantes (consecuencia de la magnitud de la economía informal). Segundo, las sucesivas moratorias rompieron la ecuación aportes/beneficios al aumentar sensiblemente la cantidad de beneficiarios. Y tercero, existe una enorme cantidad de sub-sistemas previsionales con diversos grados de generosidad, incluyendo menores edades de retiro.
Así, la fuente principal de financiamiento del sistema previsional no son los aportes de los trabajadores activos sino, mayoritariamente y desde hace décadas, los recursos tributarios del Tesoro, entre los que se destaca el IVA. Esto agrega una fuente de inequidad al sistema ya que el IVA lo pagan proporcionalmente más las clases sociales con menores recursos, que destinan una mayor parte de los ingresos a comprar artículos de primera necesidad gravados con este impuesto.
Por otro lado, en el sistema jubilatorio argentino conviven dos realidades: están quienes perciben un haber mínimo (sin bonos) que se ubica por debajo de la CBT (en marzo apenas compró el 78 por ciento de la canasta), que representan el 30 por ciento del total, y quienes cobran jubilaciones que son caras y fuentes de inequidad en el sistema. Un ejercicio puramente teórico que realizó la consultora LCG en 2024 divide el gasto previsional total por la cantidad de beneficiarios, como resultado, el haber per cápita promedio obtenido duplica el valor de una jubilación mínima con bono, dando cuenta que esa enorme masa de recursos está muy mal distribuída.
Reformas jubilatorias
Fue el Gobierno de La Libertad Avanza quien decidió barrer con la anterior fórmula de movilidad jubilatoria, que tenía en cuenta una combinación entre el aumento de los salarios y los recursos tributarios de ANSES. Las jubilaciones desde abril actualizan siguiendo al índice de inflación exclusivamente, con dos meses de rezago, y esto podría complicar los planes de ajuste del Gobierno en un contexto de aceleración inflacionaria. ¿Qué alternativas se abren? Los planes del oficialismo para las jubilaciones no distan de las propuestas institutos, como el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que siguen de cerca los debates previsionales.
En las primeras versiones de la Ley Bases el Gobierno proponía un esquema solidario con base en la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM, que equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima) más un esquema de beneficio complementario y proporcional a los años de aportes. Se establecía así una Prestación de Retiro Proporcional (PRP) que rompía con la exigencia de un mínimo de 30 años de aportes. Como no había más detalles en la versión redactada por el oficialismo, no se avanzó en la votación.
En tanto, la reforma integral que plantea Cippec es resumida brevemente por Rafael Rofman, investigador principal del organismo. Primero, “modificar la regla de acceso y cálculo de beneficio a la vejez, haciendo que toda la población tenga un beneficio básico (similar a la actual PUAM) a partir de la edad de retiro más un beneficio proporcional a todos los aportes realizados a lo largo de la vida laboral, sin mínimos”.
En segundo lugar, “modificar las reglas de las pensiones por fallecimiento y no contributivas por invalidez, para eliminar los beneficios vitalicios a viudas y viudos jóvenes, reducir la duplicación de beneficios y asegurar que el otorgamiento de pensiones por invalidez siga un procedimiento transparente y verificable”.
Y en tercer lugar, “consolidar los regímenes de excepción en el regimen general, de manera de tener una regla única para todos los ciudadanos, más allá del sector o provincia donde trabajen o vivan”.