KALAMATA, Grecia (AP) — Nueve ciudadanos egipcios serán juzgados el martes en el sur de Grecia acusados de provocar un naufragio en el que murieron cientos de migrantes y que repercutió en las operaciones de protección de fronteras y asilo de la Unión Europea.
Los acusados, en su mayoría veinteañeros, podrían ser condenados a cadena perpetua si son declarados culpables de múltiples cargos penales por el hundimiento del pesquero “Adriana” el 14 de junio del año pasado.
Grupos internacionales de derechos humanos alegan que se está comprometiendo su derecho a un juicio justo, ya que se les empezará a juzgar antes de que concluya la investigación sobre las denuncias de que los guardacostas griegos pudieron haber cometido fallos en el intento de rescate.
Se cree que más de 500 personas se hundieron con el arrastrero, que viajaba zarpó desde Libia rumbo a Italia. Tras el naufragio, 104 personas fueron rescatadas — en su mayoría procedentes de Siria, Pakistán y Egipto — y se recuperaron 82 cadáveres.
A primera hora del martes, policías con equipos antimotines se enfrentaron a un pequeño grupo de manifestantes congregados frente al tribunal y detuvieron a dos personas.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, describió el hundimiento ante la costa sur de Grecia como “horrible”.
El incidente renovó la presión sobre los gobiernos europeos para proteger las vidas de los migrantes y solicitantes de asilo que tratan de llegar al continente, mientras el número de personas que intentan cruzar el mar Mediterráneo de forma ilegal sigue aumentando cada año.
Abogados de grupos griegos de derechos humanos representan a los nueve egipcios, que niegan las acusaciones de contrabando de personas.
“Existe un riesgo real de que estos nueve sobrevivientes sean declarados ‘culpables’ en base a pruebas incompletas y cuestionables, dado que la investigación oficial sobre el papel de los guardacostas aún no ha terminado”, dijo Judith Sunderland, directora asociada de Human Rights Watch para Europa y Asia Central.
Según las autoridades, los acusados fueron identificados por otros sobrevivientes y las acusaciones se sustentan en esos testimonios.
Frontex, la agencia europea de protección de fronteras, afirma que las detenciones fronterizas ilegales en el bloque aumentaron durante tres años seguidos hasta 2023, alcanzando su nivel más alto desde la crisis migratoria de 2015 y 2016, debido, sobre todo, a las llegadas por mar.