El secretario académico del Colegio de Abogados, Nicolas Giraudo Esquivo, sostuvo que «hay una inseguridad jurídica» en el proyecto de divorcio exprés impulsado por la administración del presidente Javier Milei.
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Divorcio exprés
“La incorporación al sistema de lo que se llama divorcio exprés que la gente considera que ya existía en nuestro sistema jurídico y no es así porque el divorcio exprés es un divorcio administrativo. Es lo que se intenta con esta modificación», explicó.
«Es un divorcio donde los cónyuges bilateralmente de común acuerdo asisten ante un órgano administrativo, el oficial de registro, por ejemplo, de la Municipalidad de Córdoba y plantean su intención de divorciarse», agregó en declaraciones a Telefé Córdoba.
Además señaló que «solamente se aplicaría en principio a divorcios bilaterales y donde no existiesen ni hijos ni bienes en común». «Eso es lo que es por lo menos la intención del proyecto», añadió.
«Inseguridad jurídica»
Al ser consultado sobre las ventajas de la iniciativa, el especialista en Derecho de Familia respondió: «Para nosotros ninguna. Creo que hay una inseguridad jurídica al no tener las partes el asesoramiento previo necesario, obligatorio, porque el divorcio genera efectos a lo posterior de ese divorcio».
«Los efectos derivados del divorcio son por ejemplo la posibilidad de una compensación económica o bien el fraude a la ganancialidad», precisó.
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«Nosotros consideramos que un divorcio administrativo que no haya tenido asesoramiento jurídico previo, sobre todo en aquella persona que está más vulnerable en la relación matrimonial puede no conocer que tiene un plazo para plantear una compensación económica o un fraude a la ganancialidad que son seis meses después del dictado de la sentencia».
«Si no ha tenido el asesoramiento jurídico previo, seguramente va a perder esos derechos», concluyó Giraudo Esquivo.
Costos
También detalló que hoy un divorcio unilateral o bilateral tiene un costo de alrededor de un 1.200.000 o un millón de pesos más o menos. «Ahora si usted pierde como cónyuge vulnerable un derecho a una compensación económica que le va a permitir enfrentar la vida después, le va a salir mucho más caro perder ese derecho por no haber estado asesorado que ahorrarse 600 mil pesos», argumentó.
«El asesoramiento jurídico debería por lo menos ser necesario», consideró en declaraciones a Mitre Córdoba.
«Esperemos que no salga. Esto no es por una cuestión corporativa defender a los abogados. Acá lo que nosotros estamos defendiendo es la parte más vulnerable de una relación matrimonial, que perdería un montón de derechos», concluyó Giraudo Esquivo.