Los concursos públicos de selección de aspirantes a ingresar como dependientes en alguno de los tres poderes del Estado casi siempre dejan abundante tela para la polémica. Suele ser por alguna ayuda extra no contemplada en los reglamentos o, directamente, por el acomodo que impera en la política, en desmedro de la justa competencia.
Sin embargo, hay casos que exceden esas artimañas de bajo nivel ético para convertirse en ruidosos escándalos, dignos de una investigación administrativa y penal. Uno de esos casos tiene que ver con la filtración de los exámenes que rigen las etapas del procedimiento concursal.
Como venimos informando desde hace varios días, las sospechas de una maniobra de esa naturaleza se dispararon nada menos que en el seno de la Justicia de Córdoba, un poder del Estado que, en toda su extensión y por falencias diversas, no puede hacer gala de figurar en los primeros planos de las preferencias ciudadanas.
Según hemos consignado en nuestra páginas, todo se desencadenó cuando la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (Agepj) denunció una presunta filtración de exámenes en el concurso de antecedentes para cargos de auxiliar de defensores públicos penales.
Lo asombroso de esta anomalía, que estaba pergeñada para beneficiar a cuatro postulantes, radica en que el promotor de ella habría sido un funcionario miembro del tribunal examinador.
La acusación de Agepj y la consiguiente conmoción que provocó el tema determinaron que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba anulara la prueba. En concreto, para el gremio, el funcionario judicial presuntamente infiel a sus obligaciones habría entregado por anticipado el cuestionario a cuatro empleadas de Tribunales, que, como era de esperar, y en flagrante ventaja sobre el resto de los concursantes, obtuvieron puntajes máximos.
¿Trampa o delito? Es lo que debe investigar y dirimir el Tribunal Superior sobre las artimañas del examinador ahora en el foco de las conjeturas.
No es la primera vez que en un sistema concursal en la administración pública se denuncian situaciones de favores por una simple relación de amistad o parental o a cambio de algún beneficio.
Los sistemas de selección de aspirantes a ingresar a la administración pública se reglamentaron de modo de terminar con los viejos hábitos de nombrar militantes, parientes y amigos. En rigor, una práctica antiquísima que, sin distinción de cargos, aún hoy no ha sido erradicada.
Lo sucedido por estos días en la Justicia de Córdoba no debiera agotarse en los clásicos sumarios administrativos, sino indagar a fondo en otros presuntos implicados en la maniobra, según la denuncia del gremio, y poner el foco en la posibilidad de que otros episodios de selección de personal para ocupar cargos superiores hayan incurrido en las mismas trampas, ajenas a la transparencia.
La gente común observa con cierto escepticismo la recurrencia de escándalos que tienen como contexto la administración del Estado. Corren días difíciles y sería saludable obrar con el ejemplo.